Bahía de Banderas: La Sombra de Augusto Gómez
16 de Septiembre de 2016

Nota publicada en 25 de junio de 1977 / Proceso

Bahía de Banderas/

El fraude se consumó en una hora/

Rodolfo Guzmán/

Distinguidos políticos mexicanos se llevaron a los bolsillos 93 8 millones de pesos; se apropiaron de 70 kilómetros de playas ejidales y comprometieron el patrimonio de la nación por 224 millones de pesos más Todo en 60 minutos, el 14 de marzo de 1974/

   Aguascalientes. Viernes 16 de septiembre del 2016. La Verdad del Centro “mes dedicado a la patria mexicana”.

Redacción.-

Los testimonios y pruebas del robo forman un voluminoso legajo de papeles en espera de que se aplique justicia,

El expediente está contenido en la averiguación previa 2733 y en el proceso 230 de la Procuraduría General de Justicia de la República y en el juzgado 4o penal.

Apoyado en documentos judiciales, el abogado Adolfo Aguilar y Quevedo, autor de la denuncia presentada por el Fideicomiso de Bahía de Banderas, reveló a Proceso: Augusto Gómez Villanueva, actual presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, era —en el momento en que se cometió el fraude (era) secretario de la Reforma Agraria, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de Bahía de Banderas, y presidente del Consejo de Administración de la empresa “Nuevo Vallarta”, creada como pantalla para violar la ley.



Por las manos del ex líder nacional de los campesinos del país pasaron todos los papeles relacionados con el fraude. Como funcionario aprobó lo que Augusto Gómez Villanueva le presentó como empresario privado.

—Por lo tanto ¿Augusto Gómez Villanueva tiene responsabilidad directa en el fraude?

—Eso lo tendrán que determinar las autoridades judiciales en base a los documentos que hemos presentado como pruebas.

Otro abogado, Andrés Iglesias, defensor de Ricardo Romay uno de los implicados en el fraude, ha solicitado al juez cuarto de lo penal la comparecencia del líder camaral para que rinda declaraciones en torno a los hechos.

—¿Cuál es el interés de la defensa?

—Para que explique cuál era la mecánica bajo la que operaba el comité técnico del fideicomiso y el consejo de administración de la empresa “Nuevo Vallarta”; quién tomaba las decisiones y que se aclare que mi defensor (Ricardo Romay) no era más que un subordinado de Gómez Villanueva y de Ríos Camarena; Romay en la estructura de la empresa era suplente del vicepresidente.

Entre las pruebas presentadas por Aguilar y Quevedo figura el acta constitutiva de la empresa “Nuevo Vallarta” en la que el presidente del comité técnico del fideicomiso es Gómez Villanueva, y el presidente del consejo de administración de la empresa es “el mismo señor Augusto” Además Alfredo Ríos Camarena figura como director general del Fideicomiso y como vicepresidente de la empresa.

“Nuevo Vallarta” quedó legalmente constituida el 14 de marzo de 1974. Ese mismo día, en una hora, se firmaron, con diferentes fechas, los siguientes documentos:

Contrato de apertura de crédito por 75 millones de dólares (938 millones de pesos) que en un cheque proveniente de Panamá les otorgó el First National Bank of Chicago y que fue depositado para respaldar la compra de acciones serie “B” representativas del 493 por ciento del capital; el fideicomiso de garantía para el pago del mismo crédito; el contrato de promesa de compra venta de las acciones serie “B”; el acta constitutiva de la empresa, y varios cheques por 500,000 pesos hasta sumar 298 millones que resultaban de la diferencia entre el crédito de 938 millones y el monto de las acciones serie “B” por 6401 millones de pesos.

Una hora antes no había ni acciones, ni crédito, ni empresa, ni negocio. Una hora después todo estaba consumado.

Con los cheques de 500,000 pesos se sabe que se compraron bonos financieros pero se ignora cómo y a quiénes se repartieron.

Aguilar y Quevedo explica: Hubo malicia desde el principio. Se concibió crear una empresa de participación estatal mayoritaria para obtener la cooperación de capital privado mexicano para fortalecer la inversión gubernamental —La más importante del proyecto en conjunto— en el proyecto de Bahía de Banderas y desarrollar una zona turística— a la que se llamó “Nuevo Vallarta.

Los autores del proyecto dijeron que con esto se daría oportunidad a la iniciativa privada de colaborar con el gobierno obteniendo a cambio una utilidad lícita.

Al principio el proyecto tenía apariencia legal y todo hacía suponer que el beneficio legal llegaría a los campesinos que cedieron su tierra (141 kilómetros) para apoyar las cuantiosas inversiones del gobierno federal.

Pero la prueba plena de presunción del delito —afirma el abogado— es que ni Ríos Camarena ni sus socios llamaron a capitalista alguno para formar la sociedad de inversionistas.

Aguilar y Quevedo lo narra en sus propias palabras: “Llamaron a un sujeto casi indigente, feliz cesante en un estado de miseria que se le notaba en las raídas solapas de su saco, Luis Antonio Camargo García que se dijo formador de empresas, tal dijo que era su oficio Risible.

“Este menesteroso (Camargo) se unió con otros 3 sujetos: el licenciado Santiago Pérez Antolinos, de 37 años de edad y sin otro capital que su profesión de litigante, y el ingeniero Federico Acosta Sierra. Tengo datos de que ninguno de ellos tiene título. El otro socio era Abelardo Rodríguez Sullivan”

“Ninguno de ellos aportó ni un centavo a la sociedad, ni un metro de tierra, ni un valor material tangible”. Sin embargo formaron la mitad del capital de la empresa “Nuevo Vallarta”: 64 millones de pesos.

“Pérez Antolinos dijo al juez que su aportación consistía en honorarios atrasados que los otros socios le debían en la defensa de sus intereses. Acosta Sierra aportó la promesa de pedirle a su papá parte de los recursos provenientes de un litigio contra el gobierno federal que, por cierto, ya se perdió en la Corte”.

“Rodríguez Sullivan, uno de los innumerables herederos desheredados del expresidente Abelardo Rodríguez, aportó la promesa de pedirle a su mamá parte de la herencia”.

“Ríos Camarena, como representante del patrimonio nacional aportó: los terrenos de los ejidatarios, los cuantiosos gastos de topografía, de mercado, y demás que había realizado el gobierno federal”.

El abogado agregó: “como las acciones de una empresa que aún no operaba no resultaban bastante respaldo para el préstamo de los 938 millones de pesos, la verdadera garantía consistió en un contrato de compra venta de acciones de la serie “B” en manos de los menesterosos de la supuesta iniciativa privada por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos O sea del patrimonio nacional”.

Y una prueba más de todo el dolo con que actuaron: el contrato de compra venta de acciones obliga al Fideicomiso Bahía de Banderas a comprar las acciones de acuerdo a una tabla de valores, jurídicamente ilegal y monstruosa, que duplica al primer año el valor de las acciones, y al quinto año las hace valer 224 millones de pesos.

“Duplicar su valor cuando se trata de una empresa habitacional, de edificación de obras que no pueden terminarse en un año y mucho menos producir tal rendimiento Es inefable Y comprometer el patrimonio de la nación Es condenable, repudiable Inaudito”.

A raíz de la denuncia presentada por el doctor Federico Martínez Manatou, director del Fideicomiso de Bahía de Banderas, las autoridades federales ordenaron una serie de auditorías en todas las dependencias del mismo.

Como resultado se encontró otro fraude por 339,881 pesos en notas no justificadas. Entre estas aparecen sueldos de guardaespaldas, banquetes, pago de gratificaciones a “edecanes que atienden a funcionarios”, compra de armas, y otros gastos.

En la averiguación se encontró una nota por 190,100 pesos de un banquete servido en el restaurant “Rincón de Triana”; la inspección ocular demostró que en la dirección señalada en el membrete existe, desde hace tres años la farmacia “Varela” Otra nota por 168,000 pesos corresponde a otro banquete servido en el restaurant “El Abajeño” y otro más por una cantidad similar en el restaurant y panificadora “El Buen Gusto” para 150 personas La inspección ocular demostró que en “El Buen Gusto” no caben ni 30 personas.

Se investigó también que además de mandar imprimir notas de consumo los conceptos se “prefabrican” a máquina “¿Dónde se ha visto que un mesero llene sus notas a máquina?”, preguntó un restaurantero interrogado al respecto.

Las autoridades han ordenado nuevas auditorías pues se considera que lo ahora descubierto es tan sólo el principio.

Y algo más: desde el momento en que quedó constituida la empresa “Nueva Vallarta”, 14 de marzo de 1974, los menesterosos empezaron a cobrar sueldos y a gozar de los gastos de representación de una empresa con capital mayoritario tomado del patrimonio nacional.

LA CORRUPCION EN EL FORO

La semana pasada el licenciado Adolfo Aguilar y Quevedo vivió tres días difíciles como abogado del Fideicomiso de Bahía de Banderas Tuvo que enfrentarse solo a la enfurecida familia de los defraudadores incitados por los abogados de la defensa Raúl Cárdenas y José María Lavalle En una de las audiencias, una mujer, rubia, pelo corto, alta, tez blanca que portaba un vestido estampado en azul y blanco, le gritó reiteradamente:

“¡Yo me muero 10 veces pero lo mato!”

Un joven le escupió en más de una ocasión Otro sacó la pistola y la guardó hasta que uno de sus acompañantes le aconsejó: “espérate, aquí no”.

Y en medio de todo, un secretario del juzgado que atiende con especial esmero a la defensa y reclama al acusado el aportar pruebas al Ministerio Público

 

 

 

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Ing. Rodolfo Franco
Rodolfo Franco

Editor de La Verdad del Centro

Etiquetas: POLíTICA  CORRUPCIóN  
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